domingo, 7 de octubre de 2012

Pisoteando a Montesquieu: reacciones del 25-S

La separación de poderes del Estado parecía la única manera de evitar que el gobierno de este fuera realizado por unos cuantos privilegiados que llevaran a la nación hacia un camino que les fuera conveniente sin contar con el resto de la población. Así, del Estado se desprendieron tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 
  • El poder Legislativo sería el encargado de redactar y aprobar las leyes. El órgano que lo llevaría a cabo es el Parlamento. En caso de los parlamentos bicamerales (como ocurre en España), las cámaras del Congreso y del Senado.
  • El poder Ejecutivo sería el encargado del desarrollo de estas leyes. El órgano que lo llevaría a cabo es el Gobierno.
  • El poder Judicial sería el encargado hacer cumplir las normativas aprobadas y desarrolladas por los otros dos poderes. Los órganos encargados son los tribunales.
Separación de poderes del Estado. Fuente: blog de Vicente Luis  Rubio

Cada uno de ellos era independiente de los demás, cada uno tenía sus propias competencias y cada uno era indispensable para el buen funcionamiento del Estado pues se controlaban los unos a los otros. La separación de poderes ya había sido pensada por diferentes filósofos, aunque es a Montesquieu a quien se le atribuyen algunos términos que definen la función de esta separación: controles y contrapesos de los poderes, todos los integrantes de cada poder vigilan la función de los otros poderes.

Esta separación, que en principio evitaría los problemas que pudiera acarrear una dictadura o una oligarquía, en la práctica diaria es un problema ya que todos los órganos que llevan a cabo las funciones de los poderes separados del Estado están politizados. Los miembros de los órganos tienen un interés común por encima de cualquier función atribuida a su poder y, en definitiva, al bien común del país: el partido político al que pertenecen y los intereses de los miembros de ese partido. De ahí, los abusos de poder de la clase política.

El magistrado Santiago Pedraz sostuvo en el auto dictado de este jueves, que las protestas del pasado 25-S se llevaron a cabo conforme la legalidad, avaladas por la libertad de expresión frente a la "decandencia de la clase política". Esto, junto a la crítica contra la acción de la policía (Pedraz dijo que la policía se había excedido en sus funciones) han levantado llagas en el ámbito político, hasta tal punto que Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular, ha llamado al magistrado "Pijo ácrata", como Arturo González destaca en su artículo de opinión de un blog ligado a Público, en una declaración: "aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva".

Santiago Pedraz. Fuente: ABC
Más allá de los altercados del 25-S, más allá de los insultos dirigidos a un magistrado y más allá de los juicios que se puedan hacer al papel policial, queda sobre la mesa la idea de "decadencia de la clase política" que Pedraz ha rescatado y que Hernando y muchos otros políticos han rechazado. Y no solo eso, sino la funcionalidad o disfuncionalidad de la división de poderes del Estado tal y como la conocemos en España y el tinte que estos poderes adquieren por la extremada politización de cualquier ámbito de la sociedad y de los organismos de control.

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